El Blog de Tito

Aprovechando que ya han transcurrido varios días tras la conocida ilegalización de ASB y la suspensión de varias listas de ANV, decido plantear una nueva reflexión. He de solicitar mis más sinceras disculpas a todos aquellos que a menudo entran en mi blog, y por otra parte, me insisten una y otra vez en que escriba nuevos posts para que todos podamos aportar nuestras opiniones. Quisiera decir, que los motivos por los que no escribo con frecuencia en este blog, coinciden con la no intención por parte de servidor de aburrir a los lectores que este espacio pudiera tener con posts absurdos. No se debe a nada más. No obstante, prometo intentar hacer reflexiones con más frecuencia. Ahí queda eso.

 Como decía, otra vez la Ley de Partidos ha servido como reclamo para acaparar toda la atención pública, y por otra parte, para impedir una vez más el acceso a la representacion institucional de un sector de la sociedad. Mi sorpresa no fue tanto con ASB como con el caso de ANV. He de decir que me causó gran impacto, porque como estudiante de Ciencias Políticas y de la Administración en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hemos estudiado en profundidad la historia del nacionalismo vasco (y en consecuencia, del PNV), y ya conocía la existencia de este partido. Sin embargo, he de asegurar que pensé que esta formación había desaparecido tras el fin de la Guerra Civil, causado en gran medida por la no presentación a ninguno de los comicios electorales celebrados desde 1977 hasta la actualidad. Cabe comentar, que este Partido se fundó en tiempos de la República como escisión a la izquierda del PNV, marcando así el camino hacia un nuevo nacionalismo vasco, lejos del integrismo católico que Arana había prodicado y que el Partido Nacionalista seguía en esos tiempos como el más irrefutable de los dogmas. Así, con el transcurso del tiempo, acabó definiendose como socialista, e independentista, englobándose dentro de la izquierda abertzale. Eso sí: con la tan reclamada condena de la violencia. Curiosamente, y tras varios años de trabajo en la penumbra del sistema de partidos, salta a la palestra el susodicho. Otra vez, los medios de comunicación jugaron un papel importante en dar importancia mediática a esta formación nacionalista, que se justifica en base a la actuación de Batasuna, que lo consideró como una vía para participar en las elecciones de ser ilegalizada ASB. Y es aquí donde entra el conflicto.

Con ASB, no había lugar a dudas. La propia cúpula de Batasuna reconocía que era su apuesta para participar en las elecciones. Incluso en el nombre aparece la referencia al partido suspendido, lo que se puede entender como una continuación de la actividad de un partido ilegalizado, por lo que siendo positivista por un instante, el partido está correctamente ilegalizado. Pero con ANV, la cosa cambia. No se ha ilegalizado el Partido, si no que el Tribunal Supremo, tras la impugnación de los servicios jurídicos del Estado y el Ministerio Fiscal, ha suspendio varias de las listas que ANV presentaba en toda la Comunidad Autonóma del País Vasco y Navarra. Pero no todas. Sin embargo, interpretando la Ley de Partidos Políticos al pie de la letra y la Ley del Regimen Electoral, solo se pueden ilegalizar formaciones políticas o agrupaciones electorales que sucedan la acción de un Partido que ya ha sido impugnado por el poder judicial. Las explicaciones que da la Fiscalía del Estado se basan en la existencia dentro de las listas de varios miembros que pertenecían a Batasuna. Bien, ¿y esto que significa?, ¿a caso no pudo cualquier individuo, ex miembro de Batasuna, hacer un replanteamiento de sus posiciones, condenar la violencia y pasar a formar parte de este histórico partido?, porque si nos ponemos a aplicar este criterio, podríamos ilegalizar partidos que en sus filas poseen a ex miembros de EH, HB, o como se quiera llamar, como es el caso de Aralar, que en sus estatutos condena la violencia como medio para alcanzar los objetivos para Euskal Herria. Lo que ocurre es que es difícil delimitar si la decision de estas personas de integrarse dentro de ANV es por decisión y convicción propia e individual, o por el contrario, corresponde a un proceso de fagocitación de las listas de este partido por la propia Batasuna. Y si así fuese, en el primer caso no se podría impugnar ninguna de las listas, porque estariamos restringiendo el derecho a sufragio pasivo que todo ciudadano tiene. Y en base a lo segundo, se podría seguir el mismo procedimiento de ASB. Pero como digo, no se puede demostrar de ninguna forma, o al menos, resulta muy complicado.

Ya no solo existe una Ley que restringe el derecho de sufragio activo a la sociedad vasca, si no que además, se aplica como viene en gana, con aspectos que ni si quiera se especifican en esa norma jurídica. Y todo sigue estancado. Seguimos con ilegalizaciones y por tanto, un colectivo social sin representación institucional, y por la otra parte, con misivas de cartas de extorsión a empresarios. Lástima de país. Siempre nos quedará Irlanda.

A lo largo de esta semana, vine observando algunas noticias que hacían referencia a la presentación y posterior votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el Congreso de los Diputados. Noticias que por otra parte, venían reflejadas en periódicos de carácter regionalista, y en ningun caso de tirada estatal. Por no hablar de la televisión, que tampoco hizo mención de dicho suceso, a pesar de ser una de las Comunidades Autónomas más importantes en lo que a población, extensión y aportación al PIB del estado español se refiere. No deja de ser curioso. Principalmente porque con otras reformas nos han avasallado a través de los medios, como puede ser la de Andalucía,  el País Valenciano, o como no, el de Catalunya. ¿Por qué esta falta de interés hacia el caso castellano y leonés?, quizás porque en este caso no ha habido menciones del estilo "nación", "realidad nacional" o como quiera decirse. Tal vez, esto demuestre que la oposición de este país controla a sus anchas los medios de comunicación: mientras en esos ejemplos de comunidades autónomas definidas como naciones, al Partido conservador por excelencia de este país le sirvió para atacar la política territorial del Gobierno socialista, en el caso castellano y leonés no. Unos porque se supone que atacaban el consenso constitucional, y el de Castilla y León no. Unos porque atacaban la unidad de España, y el de Castilla y León no. Llamativo no deja de ser, en efecto. Lo digo porque el pueblo castellano (que no leonés) es el pueblo del Estado, el pueblo que permite mantener dicha integridad territorial, reduciendo a la nada la identidad del resto de pueblos que lo conforman (se supone que alguna importancia habría de tener dicho acontecimiento en los periódicos y televisiones de carácter general de este país). También me resulta encandalosamente llamativo tal hecho, por una segunda razón: no me dirán que negar a un pueblo a constituirse como Comunidad Autónoma no es un atentado contra la Carta Magna. Sin embargo, y hablando con sinceridad no veo pronunciándose al Partido Popular defendiendo la Constitución en lo que al derecho a la autonomía del pueblo leonés se refiere.

Pero centrándonos en la valoración del Estatuto en sí mismo, es una aberración. Un ejemplo de ese nacionalismo castellano, de carácter imperialista que desde el consenso del 78 parece ser que se nos quiere implantar. Casi 26 años después de la autonomía de regiones como Cantabria y La Rioja, en esta propuesta estatutaria se deja abierta la posibilidad a la vuelta a la Comunidad de ambas regiones en una de sus disposiciones . Pero por otra parte, no se deja abierta la misma vía para aquellas provincias que deseen salirse. Muy democrático, desde luego, no es. Y hay un pueblo que se tiene que encargar de cargar con este sufrimiento que supone seguir ligado a Castilla, sin ni si quiera tener el poder de elegir si quiere constituirse como una Comunidad aparte. Estoy hablando, como ya he dicho antes, del País Leonés, claramente. De ese pueblo, que se reparte entre las provincias de León, Zamora y Salamanca, y que de la noche a la mañana hace algo más de dos décadas se vieron integrados en el mismo espacio autonómico con unos vecinos a los que históricamente nunca habían estado ligados. Pero durante todos estos años (yo mismo he de reconocer que no sabía que era eso del antiguo Reino Leonés), a través de la educación y de los malditos mass-media, se ha querido borrar la identidad leonesa de un plumazo, llegando a hacer creer a toda la opinión pública que dicha unión tiene siglos y siglos de tradición.

No obstante, el problema leonés no se trata de una simple cuestión de identidad (que en cierta forma, lo es). A día de hoy, las 3 provincias leonesas son pioneras en lo que a producción y distribución energética se refiere en toda la Península. Y no podemos obviar la importancia que tiene este sector en la actual economía (no hay más que observar la pelea entre grandes multinacionales extranjeras para la adquisición de Endesa). Pero a pesar del desarrollo económico que se podía presumir con este dato que aporto, la realidad es que estas provincias se encuentran por debajo de la media en lo que a renta per capita media europea se refiere, con unos datos que oscilan entre alrededor del 69% y 78% aproximadamente, lo que en la teoría le daría el derecho a recibir financiación por parte del FEDER (Fondo Europeo de Desarollo Regional). Sin embargo, este criterio es válido para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y la media de esta ronda por encima del 95%, por lo que las provincias leonesas se ven afectadas directamente, al no poder recibir dichos fondos, de los que podría beneficiarse en caso de poseer una división político-administrativa al margen de Castilla.

Resulta incomprensible como se le puede negar al pueblo leonés el derecho constitucional (sí, de ese hibrído entre franquismo y democracia representativa) a base de callarlo, haciendo oidos sordos a cada una de sus manifestaciones, que cada dos por tres se producen en las ciudades leonesas. No obstante, espero y deseo que algún día los leoneses puedan elegir su propio futuro, que como pueblo histórico le corresponde. La esperanza es lo último que se pierde. Aguanten vecinos, aguanten. Desde Cantabria se les apoya, se lo aseguro.

Y llegó el lunes, se acabó lo que se daba. Fin a nuestra Semana Santa, festividad cristiana católica por excelencia. He de confesaros que no dejo de llorar por ello...¡menuda turra con el tema durante estos días!. En los medios de comunicación, no había día que no nos dieran un reportaje sobre la procesión de Sevilla, como si fuera el único lugar donde se celebra este acontecimiento. Porque no lo es. Yo puedo atestiguarlo.

En Viernes Santo circulábamos por la vía pública en un autobús de carácter municipal, y así, la Policía Municipal nos detuvo 15 minutos porque la Procesión cruzaba toda la calle, siendo la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Empecé a pensar y llegué a la conclusión de que, no veía a las Fuerzas de Seguridad del Estado movilizándose para preservar la correcta celebración de un acto musulmán, judío o de cualquier otra minoría religiosa de este país. Parece que no nos escandalizamos con este tipo de cosas, pero luego, cuando se instala una mezquita en las afueras de nuestra ciudad, somos los primeros en movilizarnos porque eso pone en peligro la seguridad ciudadana. Curiosa paradoja. Sin embargo, para explicar esta discriminación, decidí leerme el artículo 16 de nuestra querida y defendida Constitución de 1.978, en el que habla sobre los derechos fundamentales y de las libertades fundamentales, en lo que a confesiones religiosas se refiere. Dícese así:

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Es evidente que el artículo 3 es el que más críticas puede recibir por mi parte. Se reconoce una aconfesionalidad del Estado, pero esto supondría establecer unas relaciones simétricas entre las diferentes confesiones religiosas, lo cual en el texto constitucional ya deja entrever que no va a ser así. No hay más que observar como se le otorga el privilegio a la religión católica de salir mencionada en primer lugar, y en discriminación hacia el resto de colectivos religiosos. Y todo por la pujanza de la Iglesia Católica durante la Transición, que tras ser la religión oficial del Estado durante los 39 años de Dictadura franquista, no quería verse relegada a un segundo plano en la nueva experiencia democrática del país. Después de esta observación, todo empieza a tener sentido.

Pero este no es el único dato que denota el carácter privilegiado del que goza la Iglesia Católica en sus relaciones con los aparatos del Estado. Hace unos meses, salió a la luz un acuerdo entre el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero y la Conferencia Episcopal, por el que se eliminaba la subvención directa del Estado a la Iglesia, pero por contra, se aumentaba el porcentaje del IRPF de carácter voluntario, pasando de ser de 0,52% a 0,7%, siendo visto con buenos ojos por dicha Conferencia. Así, llevamos tres años de Gobierno, y no sólo no se ha apostado por establecer unas relaciones equitativas con todas las confesiones religiosas, si no que encima se acentúa el carácter privilegiado del catolicismo. De hecho, no conozco los pactos a los que ha llegado el ejecutivo con el resto de confesiones religiosas. Ya no es que apueste por una aconfesionalidad, (se supone que el Partido Socialista siempre ha sido defensor de un Estado totalmente laico) si no que encima indaga más en otorgarle privilegios a una religión por encima de las demas. Más ambigüedades en su política, dando una de cal, y otra de arena.

¿Para cuando una laicización del Estado? Esperaré sentado, para no cansarme.

Paseaba por el blog de mi amigo Sergio, y en cierta forma, me vi impulsado a dedicaros un nuevo post en este espacio que cree hace unos días, y que gracias a todos vosotros, ha gozado de una gran participación con la libertad de expresión como máximo estandarte.

Pero volviendo al tajo, he de comentar eso que mi compañero predica acerca del Partido Socialista, como el único interesado en dar solución al conflicto vasco. Resulta muy desmesurado e irreal realizar semejante afirmación. Actualmente, el sistema de partidos establecido se caracteriza principalmente porque solo dos pueden alcanzar cotas de poder institucional. Por una parte, tenemos al Partido Popular, que fiel a su estilo neoconservador, se inclina más por una política de choque, de enfrentamiento, y como ya dije en otro post, de intrasigencia con el citado conflicto. Nada que no sepamos, en definitiva. Una oposición, con la que podemos estar más en contra o más a favor, pero una oposición, y totalmente legítima que goza del respaldo de  una parte considerable de la ciudadanía. Y por otra parte, tenemos al Partido Socialista, que ha optado por una solución de consenso, de diálogo, y de solución al conflicto a través de vías mucho más democráticas. Si bien, esa es la teoría y no la práctica. Y lo digo sobre todo porque en tres años de legislatura, no solo no se ha avanzado, si no que encima estamos en proceso de estancamiento. Resulta paradójico que hablemos de diálogo cuando a una de las partes ni si quiera se la deja hablar, y me estoy refiriendo a la posición que adoptado el Partido del Gobierno con la creación de ASB (el nuevo partido defensor de los intereses de la izquierda abertzale), que el mismo día en el que se presentaron los Estatutos de dicha formación en el Ministerio de Interior ya indicó nuestro Presidente del Gobierno que había indicios de ilegalidad. ¡Que barbaridad!. ¿Esta es la solución democrática al conflicto?. Desde luego que no. Las ideas están muy bien para escribir libros, pero la realidad es otra cosa y el Partido Socialista no ha sabido o no ha querido encontrar una relación entre ambas.

Tampoco resulta muy acertado decir que es la única opción que tiene intenciones de acabar con el problema. ¿Cómo podemos decir eso, cuando hay opciones minoritarias que optan por la misma vía, y que no pueden emprender soluciones porque se encuentran fuera del pode institucional que monopolizan los dos partidos de siempre?. Que es la única con poder para hacerlo sí, pero que sea la única que quiere, no. Ahí esta el caso de Izquierda Unida. Las medidas que podría plantear igual serían más efectivas que las del propio Partido Socialista. Pero no lo sabremos nunca, porque no se vislumbra la posibilidad de que alcance jamás una representación que le permita alcanzar cotas de gobierno. Con esto quiero decir que no es justo que se le pongan medallas al Partido Socialista, cuando en la realidad, es el único capacitado para solucionar los problemas que a la ciudadanía se le planteen hoy en día. Al fin y al cabo, para eso está en el Gobierno, y será el máximo responsable de toda acción que lleve a cabo.

Dos meses. Sólo dos. Parece mentira, ¡pero por fin podré ejecer por primera vez mi derecho al voto! Derecho así reconocido en la Constitución, tan criticada por unos, y tan defendida por otros. Si bien, he de confesar que en mi primera participación en unas elecciones legislativas, aguardaba un horizonte más esperanzador, sobre todo en lo que se refiere al panorama político de mi Comunidad Autónoma, Cantabria (sí, aunque a algunos se les olvide, estas elecciones también son autonómicas en la mayoría de los casos, no todos tenemos el privilegio de ser reconocidos como nacionalidades históricas).

Con el inicio de la actual legislatura, y la consecuente investidura del actual Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, éste insistió en la necesidad de un desarrollo del Estado de las Autonomías, y por lo tanto, su compromiso a apoyar las pertinentes reformas estatutarias en cada una de las diferentes Comunidades Autónomas que conforman el Estado Español (todo esto como pura estrategia de poder, porque a nadie se le escapa que no estaría ocupando la poltrona de la Moncloa si no fuera por apoyo de las fuerzas nacionalistas) . No voy a hablar de la cantidad de deficiencias que posee este modelo territorial, pero os prometo que no en un tiempo muy lejano desarrollaré una reflexión acerca de este asunto. Bien, pues ya pasaron casi 3 años, y ni si quiera se vio un atisbo de intenciones, un simple amago, de iniciar un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía por parte de las formaciones políticas que ostentan representación en el actual órgano legislativo de mi Comunidad. Entiendo que el PP estando en la oposición y siendo tan fuertemente unitarista, no se haya planteado ni si quiera esta posibilidad. Pero lo que se me escapa de la razón es que en un gobierno de coalición, ni socialistas ni regionalistas hayan admirado esta posibilidad.  ¿Éste es el verdadero progreso que quieren para nuestra región, cuando el resto de Comunidades Autónomas ya han iniciado sus respectivas reformas, y en algunos casos ya han sido refrendados por su ciudadanía, como en el caso catalán, andaluz o valenciano?. Aún así, a menudo oigo a decir a mi Presidente del Gobierno que "Cantabria le pone", y un sinfin de expresiones que denotan su fuerte sentimiento hacia la región, yendo de festividad en festividad por cada uno de los pueblos de la Comunidad, pero que a la hora de la verdad no se traduce en la práctica.

Y todo se debe al fuerte carácter clientelista de las elites políticas de la región, que sin duda alguna hacen que el atraso, tanto a nivel político-administrativo, como a nivel socioeconómico, esté a la orden del día. Su único afán es asentarse en el poder y "chupar del jugoso bote" todo lo que se pueda. Con todo esto, no es de extrañar que seamos la región con menos índice de capital social de todo el Estado español, situándose los niveles de participación política de la ciudadanía en unos niveles paupérrimos.

No obstante, me muestro esperanzado en que tras las elecciones exista un cambio en el rumbo de la política. Si no, tampoco os extrañéis que fuerzas actualmente minoritarias vayan captando adeptos entre la ciudadanía cántabra, fruto de la situación que actualmente vive la región. Todo se verá.

Leía y releía los periódicos unos pocos días atrás, y comprobaba que en cualquiera de esas publicaciones las noticias nacionales se centraban en las críticas de la oposición a la Política Antiterrorista, la macromanifestación en Pamplona por la unidad de España y la defensa de la foralidad de Navarra... lo de siempre, nada nuevo bajo el sol. Pero pasando sin parar esas numerosas páginas llegué a una que me impactó: "La Semana Fallera 2007 comienza en Valencia", "¡qué grande!" pensé yo.

He de confesaros que soy amante del mundo del festejo popular, como cualquiera de vosotros, y así, comencé a soñar sobre cómo sería pasar un tiempecillo en la ciudad levantina con el fin de disfrutar de semejante festejo, en el que la gente de la región se vuelca con su festividad. Es la grandeza de estos acontecimientos, que forman parte del acervo cultural de los pueblos y que como tal han de ser conservados a capa y espada si es necesario. Me prometí incluso, que el año que viene no faltaría a la cita (iluso de mí, porque nunca cumplo este tipo de promesas premeditadas). Pero la tristeza me invadió unas horas después, al conocer a la ganadora del concurso fallero. Y ese sentimiento que hizo mella en mi no fue precisamente por la escasa belleza del monumento, ni si quiera por su reducido tamaño (valga la ironía). Para nada. A pie de página, vi una cifra que me hizo dar vueltas a la cabeza, y vueltas, y más vueltas. Confieso que no domino con soltura esto de la moneda comunitaria. Pero sí lo suficiente para entender que la cifra que mis ojos estaban captando era lo suficientemente grande como para saber que ni yo, ni probablemente ninguno de vosotros, obtendría unos emolumentos similares trabajando a destajo durante 10 años seguidos. 720.000 euros. 120 millones de las antiguas pesetas, ¡vaya!. Asombroso. Tras volver a la realidad intenté recapacitar a que se debía tanto despilfarro. Quizás sea porque mucha gente de la provincia se dedica a esto única y exclusivamente durante todo el año, es su vida, ¿pero es realmente necesario derrochar tanto dinero para ganar un concurso, qué cómo no, otorga suculentos premios económicos?.

El hecho de que se inviertan cifras astronómicas en la creación de estos colosos que serán pasto de las llamas para dar carpetazo a la festividad valenciana, invita a pensar a que, quizás, se haya perdido la verdadera esencia de estas celebraciones, ese carácter popular con el que nació la tradición, cuando en su origen era la gente de la región la que colaboraba para su creación, aunque no fuesen tan sofisticadas y tan bellas como las de ahora, pero que estaban cargadas de simbolismo. Simbolismo del que actualmente carecen, por la invasión de la Ley del Mercado. Hasta aquí llega el capitalismo, ¡señores! poderoso dólar, que consigue que un festejo popular sea centro de negocios, dando lugar a unas cifras que hablan por sí solas, y que no se encuentran precisamente equiparadas al salario de cualquier ciudadano de clase media-baja. Una pena. ¡Qué lejos queda la festividad tradicional!. Da igual. El año que viene intentaré acudir para, a pesar del disgusto, cumplir una de mis promesas incumplidas.

Y ya van casi cuatro años. Cierto, el tiempo pasa demasiado rápido, ¿verdad?. Pues sí, en apenas una semana se cumplirá algo menos de un lustro que gran parte de la izquierda abertzale se quedó sin voz, y sin voto (haciendo uso de semejante tópico) con la sentencia del Tribunal Supremo.

Aprovechando la reflexión de mi amigo Sergio acerca de este asunto (http://rincondesergio.blog.com) es quizás el momento ideal para hacer valoraciones sin influencias de la coyuntura en la que se inició el citado proceso, y con vistas a las próximas elecciones municipales que se celebrarán en Euskadi y Navarra (en este último caso, también autónomicas). Lo que está claro es que con esta ilegalización se impide a una gran parte de la sociedad vasca (y navarra, por qué no decirlo, por mucho que a los sectores más conservadores de este país les pese) ejercer su derecho constitucional a la representación. Y todo en base a que la citada formación no condena la violencia. Pero aquellos que se oponen a la vuelta a la legalidad de esta formación política, obvian un detalle que me parece fundamental. La violencia es totalmente rechazable, porque queda demostrado que no es una vía de solución al conflicto, pero habría que preguntarse por qué existe una banda terrorista que hace uso de la misma con el fin de conseguir un derecho que a todo pueblo le corresponde (lease la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, derecho de autodeterminación), y que además, tiene un gran respaldo por parte de algunos sectores del pueblo vasco. Esto es lo que me parece fundamental, porque una organización terrorista no puede actúar si no existe una masa social que respalde sus acciones, que las legitime, acciones que por otra parte denotan un clivaje en la sociedad.

Planteo por tanto, que la solución no es ésta, ni hacer uso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para desmantelar a la organización subversiva ETA. Sería como poner un parche a un volcan en constante erupción. La única forma de resolver el conflicto es el diálogo, y para aquellos que confiamos en esta vía, deciros que se vislumbran tiempos de paz y de libertad. El tiempo hablará por si solo. Siempre lo hace.

Bienvenidos a todos los que hayáis decidido perder una pizca de vuestro tiempo en pasear por este jugoso espacio cibernético.

 Y digo jugoso porque aquí intentaré hacer algunas reflexiones sobre temas que se encuentran a la orden del día, sobre todo en aspectos políticos y sociales, que al fin y al cabo es lo que nos ataña y para lo que algunos estamos recibiendo una formación. Otra cosa es que después pasemos a engrosar la lista del INEM como muchos otros "buscadores de empleo" (bendito eufemismo), pero que nuestra formación y nuestros conocimientos queden expresados en lugares como este.

Lo dicho, os animo a que todos creemos una red de blogs para que todos seamos capaces de elaborar opiniones críticas por nosotros mismos, y lleguemos a conclusiones elaboradas por iniciativa propia.

 Un saludo,

 Alberto, "Tito".